Sangre y valores

Retrato de una realidad cada vez más alarmante en España. A un mes del balance definitivo de 2011, 67 personas han muerto víctimas de la violencia de género en España, una cifra que, al menos, igualará a la de años anteriores, en una pesadilla que parece no tener fin.

En lo que va de año, 67 mujeres han perdido la vida víctimas de la violencia de género por parte de sus parejas o ex parejas en todo el territorio español. A un mes vista del balance definitivo, el número de denuncias se incrementa recuento a recuento y el número de muertes no tiene visos de reducirse. Desde 2003, ya se cuentan 628 muertes en España por violencia machista. Después de las campañas de los últimos años y la actuación de las autoridades, nos preguntamos el porqué de estas preocupantes cifras. El desconcierto, la ausencia de resultados optimistas y la disparidad de opiniones vienen marcando la hoja de ruta cara al futuro.

De las 67 mujeres fallecidas este año hasta noviembre de 2011, 14 habían denunciado a su agresor previamente. Entre las comunidades en que más casos se han registrado, Andalucía copa la clasificación por comunidades con 13 muertes, seguida de Cataluña con 9. Además, 17 de las mujeres víctimas de estos crímenes eran de nacionalidad extranjera y más de la mitad convivían y mantenían una relación sentimental con su agresor. Por otra parte, 15 de los agresores intentaron suicidarse después del asesinato, de los cuales 7 consumaron su suicidio.

Ya en 2010 se había experimentado un crecimiento del 32% en el número de víctimas (de 55 a 73) y este año se podría superar dicha cifra. Miguel Lorente Acosta, actual delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, afirmaba a comienzos de 2009 que hasta “cuatrocientos mil hombres en España maltratan a sus mujeres en la actualidad.” Una afirmación que, según él, no tiene nada que ver con la ascensión de la mujer en el mundo laboral y los logros en los últimos años respecto a su posición social: “Las reivindicaciones tradicionales de las mujeres ya se han superado y surge un elemento reactivo, el posmachismo, que intenta evitar que la identidad femenina y masculina se distancie mucho de los modelos tradicionales.”

En un discurso pesimista, y ante el escaso impacto de las campañas que se suceden año tras año sin resultados, aludía a la cultura como la razón de este incremento: “La igualdad se ha conseguido conceptualmente. La ley de Violencia de Género hizo que se tomara conciencia. Pasamos de 72 muertes en 2004 a 57 en 2005, resultado del cambio social y la concienciación de la gente, pero entonces empezaron a atacar la ley, diciendo que criminalizaba a los hombres.” En el curso siguiente a esta reacción se incrementó la cifra a 67 muertes, y en el 2007 y 2008 aumentaron a 70 y 7-. Pero también ha aumentado el número de denuncias familiares y partes de lesiones, lo que para el delegado de Gobierno significa que hay “una mayor implicación social.”

A principios de año, Miguel Lorente, presentaba nuevas conclusiones que invitaban al optimismo. Desde la creación de la Ley Integral en 2004 (nueva norma que recogía medidas preventivas, de información, atención, derechos laborales y protección a las mujeres víctimas) se había reducido el número de maltratos en un 6,3%, que interpretaba como un logro que había de trabajarse en el largo plazo. Según su perspectiva, el delegado de Gobierno argumentaba que si no se hubiera implantado esta medida, ya se contaría con “más de un centenar” de homicidios de mujeres al año, ya que “más de 5.000 maltratadores están hoy en prisión y 95.000 mujeres tienen medidas de protección contra el maltrato.”

A expensas de datos oficiales para el curso que termina, el balance de 2010 dejó un dato que refleja resultados y efectos del incremento de las penas: De las 10.500 personas que durante ese mismo período ingresaron por primera vez en su vida en una cárcel, el 10% lo hizo por algún delito relacionado con la violencia de género. Aproximadamente 1.500 personas ingresaron en prisión. Para éste, el incremento de las cifras viene marcado por el endurecimiento de la ley penal en estos casos: “La condena media que impusieron los tribunales a los maltratadores en 2008 fue de 16 años y seis meses, dos años y seis meses más elevadas que en 2007”. Pero reconoce que este aumento no tiene efecto porque “este tipo de delincuentes son lo más parecido a un terrorista suicida. No les importa que la pena sea mayor o menor. Ellos asumen que van a ir a la cárcel”.

La violencia de género se convertía así en la tercera causa del ingreso de hombres en prisión en España. La subdirectora de Tratamiento y Gestión Penitenciaria del Ministerio del Interior, Concepción Yagüe Olmos, reconocía hace apenas un año que era ésta “la tercera razón después de los delitos socioeconómicos y contra la salud pública”. De hecho, aumentó en un 43% el número de recluidos por violencia de género, lo que para ella fue un éxito porque ponía de manifiesto la mayor implicación social al respecto. Soledad Cazorla, primera fiscal especializada en violencia de género en España, recalcaba que “la vida afectiva del maltratador es muy larga y puede haber más de una víctima”, reiterando la importancia del incremento de la pena por esta causa.

Frente a las elucubraciones sobre las medidas a adoptar en el futuro, afirmaba que “el castigo al maltratador no debiera sustituirse por una terapia de rehabilitación”, aludiendo a que “éste debe saber que ninguna conducta violenta quedará impune”. El delegado de Gobierno Miguel Lorente contradecía estas declaraciones argumentando que “para rehabilitar a un maltratador es necesario que él sea consciente de que lo es y que reconozca que ha cometido un delito. A partir de ahí se puede trabajar y hay programas de rehabilitación para ello.” Respecto a la efectividad de la implantación mediante los localizadores de los denunciados se mantenía cauto: “Se están evaluando los efectos de los primeros dispositivos implantados. Estos tendrán, en principio, efectos positivos, ya que cuando se colocan, los agresores son detectados al entrar en la zona de exclusión, lo que tranquiliza a su ex pareja”.

Carlos Yánez, fiscal del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Marbella, destaca al respecto que la ley “no va contra el hombre, nuestra lucha diaria aquí es el silencio de la mujer», y señala como alarmante el hecho de que no haya un perfil establecido para los maltratadores: “Es una violencia que corre por todas las capas y estratos sociales. Aquí hemos ingresado en prisión desde albañiles a ingenieros superiores. Al final, he llegado a la conclusión de que se trata de un problema real entre hombres y mujeres. Los hombres deben aprender a aceptar a las mujeres como un igual sin diferencia alguna. El maltratador suele pensar que está en un estrato superior, un sentimiento arraigado desde pequeños.”

Ensalza como raíz del problema la educación social. De hecho, agrega que “cada vez hay más jóvenes maltratadores, lo que me preocupa y descorazona enormemente. Es falso que sea una cuestión de personas de 40 ó 50 años. Los jóvenes recurren con mayor facilidad a la amenaza, al deprecio o al insulto y con mayor agresividad. Hablo de niños de 18 ó 19 años con un desprecio muy grande por la vida ajena. Y además no tienen sentimiento de culpa. Los poderes públicos pueden modificar el Código Penal, poner leyes y juzgados de Violencia, pero si no atacan a nivel educacional, si no entran a saco en las escuelas y hacen de verdad una política en igualdad y en valores, estaremos perdidos.”

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